17 de Diciembre 2020
Planificación patrimonial ante los cambios

Podemos definir la planificación patrimonial como el proceso necesario para determinar el camino más eficiente para conseguir los fines principales de proteger y optimizar el patrimonio. Como las situaciones son cambiantes, este proceso debe ser lo suficientemente elástico para adaptarse a las mismas sin perder de vista la consecución de los fines perseguidos.

Idealmente, la planificación patrimonial debería contener cierto grado de perdurabilidad. En particular, porque es fruto de la valoración y la reflexión de diferentes alternativas que, finalmente, nos han encaminado hacia una opción específica para conseguir determinados fines en un momento concreto.

Una cuestión distinta es que los propios fines vayan mutando, en cuyo caso es la autonomía de la voluntad la que implicará la revisión de la planificación previamente definida. Lo mismo sucederá cuando sean las circunstancias personales las que viren, lo que nos conducirá de nuevo a modificar la planificación definida previamente.

Como las situaciones son cambiantes, el proceso de planificación patrimonial debe ser lo suficientemente elástico para adaptarse a las mismas

También algunos vaivenes constantes en el marco jurídico y fiscal llevan a revisar cualquier planificación anterior. En estos casos, el origen no es tanto la modificación de nuestros propios objetivos o nuestras circunstancias personales como diversos factores externos a nuestra voluntad.

No obstante todo lo anterior, lo que no cambiará será la imperiosa necesidad de amarrar el patrimonio desde diferentes perspectivas, como la diversificación, la protección frente a terceros o su preservación. Y es con la finalidad de preservar el patrimonio donde los cambios fiscales entran en juego con fuerza. 

La política fiscal es la herramienta con la que cuentan los gobiernos para configurar el gasto público y los impuestos, con la finalidad de mantener la estabilidad de la actividad económica y contribuir a su crecimiento, a través del control del empleo y la inflación. No obstante, en algunos países se utiliza la política fiscal con un enfoque cortoplacista, recurrente, excesivo e incluso propagandístico, lo cual puede ser contraproducente.

La inseguridad jurídica es enemiga de la planificación patrimonial, por lo que, ante determinados contextos, debe buscarse tranquilidad y seguridad

En ocasiones, el marco legislativo puede ser poco claro y lento para adaptarse a la realidad social; además, la interpretación que del mismo hagan los órganos públicos puede ser contradictoria. Si a ello le sumamos las modificaciones constantes en la configuración de ese marco jurídico, bajo el paraguas de la política fiscal, el resultado es poco esperanzador. Pero no solo porque ello nos obligue a revisar nuestra hoja de ruta y alterarla para preservar mejor el patrimonio, sino porque la inseguridad jurídica que genera puede derivar en consecuencias devastadoras.

Ante los cambios, propios o externos, siempre hay cabida para un ajuste que limite su impacto en la consecución de los objetivos establecidos. En el entorno económico actual, desatado por la crisis sanitaria, parece casi innegociable un incremento de la presión fiscal.

Aunque con una mirada más profunda, lo que más podría preocupar no es una política fiscal que incremente los impuestos de manera coyuntural, sino la inseguridad jurídica que acarrea la persistencia en el tiempo de legislar sin un objetivo claro a largo plazo. La inseguridad jurídica comporta limitar decisiones empresariales, alejar el emprendimiento o frenar la inversión doméstica y externa.

La inseguridad jurídica comporta limitar decisiones empresariales, alejar el emprendimiento o frenar la inversión doméstica y externa

Con todo lo anterior, la inseguridad jurídica puede implicar ya no solo realizar ciertos ajustes en nuestra planificación patrimonial, sino tomar decisiones más trascendentales. Entre ellas, poner la mirada hacia otros lugares en los que realizar negocios, servirse de su esqueleto jurídico para salvaguardar el patrimonio o incluso residir.

La inseguridad jurídica es enemiga de la planificación patrimonial, por lo que, ante determinados contextos, no debe descartarse  buscar tranquilidad ¾y seguridad¾ más allá de las propias fronteras. Al final, la propiedad privada es un derecho constitucional y si los órganos públicos no la protegen como corresponde, el individuo debe libremente realizar cuanto esté en sus manos para preservarla.

Como decía Publilio Siro: «Cualquiera puede sostener el timón cuando el mar está en calma».

David Bescós
Director de Planificación Patrimonial del Grupo Crèdit Andorrà

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