La democracia volvió a Chile en 1990. Desde entonces, el país se ha convertido en una de las democracias más estables de América Latina. Algunos años antes, en la segunda mitad de los años 70, Chile empezó a abrir su economía. Las reformas introducidas en aquellos años continúan y han sido profundizadas en muchos casos.

Quizá la más importante de estas reformas fue la del sistema de pensiones. Con este cambio, Chile pasó del sistema de reparto a un modelo de capitalización en el que las contribuciones sociales se depositan en fondos de ahorro que controlan los propios trabajadores. Ellos tienen libertad para elegir si invierten sus aportaciones en activos más o menos conservadores.

Chile aplica un modelo de pensiones en el que las contribuciones sociales se depositan en fondos de ahorro que controlan los propios trabajadores y que, a diferencia de otros países, se autofinancia

Las pensiones de los chilenos se iban antes a un agujero negro de un sistema de reparto, pero ahora van a una cuenta que les permite beneficiarse. Cada trabajador se convierte así en propietario, en un pequeño capitalista. Esto genera pensiones más altas, pero además se traduce en incentivos muy positivos, porque el trabajador está llamado a ahorrar más, a trabajar más, a aportar más… Se recupera el vínculo entre esfuerzo y recompensa. Después de tres décadas, la rentabilidad media es del 9% después de la inflación, y el ahorro acumulado por los trabajadores chilenos ya equivale al 70% del PIB. A diferencia de otros países, el sistema se autofinancia.

En 1990, solamente el 23% de los chilenos podía clasificarse como integrante de la clase media. En el 2016, el número había subido al 64%, casi se había triplicado; un comportamiento impresionante que sirvió para colocar el país a la cabeza de América Latina y muy cerca del Primer Mundo.

Desde 1990 la pobreza ha caído del 50% al 8%, mientras que el PIB per cápita ha subido de 5.000 a 24.000 dólares, todo gracias a las políticas implementadas. El gasto público sigue oscilando entre el 20% y el 25% del PIB, mientras que el déficit fiscal fue del 2,8% del PIB en el 2016 (2,2% en 2015). La deuda pública ha pasado del 55% del PIB (1990) a niveles cercanos al 20% del PIB.

Las políticas implementadas desde 1990 han supuesto que el PIB per cápita haya subido de 5.000 dólares a 24.000 y que la deuda pública haya pasado del 55% a niveles cercanos al 20% del PIB

La de las pensiones privadas fue la más importante de todas las reformas en Chile, pero también se introdujeron otras medidas orientadas a expandir la libertad económica: reducción generalizada de aranceles y trabas al comercio con el resto del mundo, reforma laboral orientada a reducir el peso de los sindicatos y flexibilizar el mercado de trabajo, privatización de empresas nacionalizadas/expropiadas, reducción del gasto público y de los impuestos, control de la inflación.

El cambio vendría de la mano de uno o varios gobiernos sucesivos que olviden que el orden racional de la economía requiere que el Estado viva de la sociedad y no al revés, como sucede en naciones fallidas que practican o han practicado el populismo extremo; Venezuela y el anterior gobierno de Argentina son un ejemplo reciente del colapso.

Un organismo público que administrara todos los sistemas de jubilación sería una vuelta atrás en el modelo que ha contribuido al crecimiento de los últimos años, hasta situar a Chile a la cabeza de América Latina

Algunas de las propuestas que pueden decidir la segunda vuelta estan promoviendo varios cambios dramáticos y costosos:

1) La creación de un ente público que administre todos los sistemas de jubilación, lo que sería una vuelta atrás del sistema privado que tanto contribuyó al crecimiento de los últimos años.

2) Educación superior pública, gratuita y de calidad. Los jóvenes chilenos tendrán un lugar asegurado y gratis en las universidades públicas. Esto significa un aumento dramático de los impuestos o el aumento del gasto público en 2/3 puntos del producto.

3) Seguro único de salud universal y solidaria, con una renovada infraestructura pública; más gasto.