24 de Marzo 2022
¿Algún cambio para la tributación de las personas físicas a nivel internacional?

 

En los últimos tiempos hemos asistido a muchos cambios, no solo en la manera en la que los negocios se llevan a cabo, sino también personales, en cómo nos relacionamos. Y la fiscalidad internacional no ha quedado al margen: en la última década ha cambiado más que en cincuenta años, empezando por el Plan BEPS de la OCDE.

Se trata de quince acciones para evitar la disminución de las bases de tributación y la deslocalización de beneficios de las empresas, con el objetivo de hacer frente a los retos que la digitalización y la globalización comportan y a los que la antigua fiscalidad internacional ya no daba respuesta.

El enfoque, pues, varía para centrarse en conseguir que las empresas tributen donde generan valor y no en los países en los que tienen presencia física, como, en general, establecían las antiguas normas de fiscalidad internacional.

Las grandes empresas tienen que hacer frente a las nuevas reglas de la fiscalidad internacional

Pero no nos hemos quedado aquí. El conocido como BEPS 2.0 llegará en 2023 con dos pilares que tratan de gravar a las grandes corporaciones desde dos enfoques.

El Pilar 1 asigna a los Estados el derecho de imposición tributaria, revisa la atribución de beneficios de dichas compañías y regula la conexión con el concepto de establecimiento permanente para los servicios digitales en aquellas empresas con una cifra de negocio que supere los 20.000 millones de euros.

El Pilar 2, que afecta a todas las actividades de las compañías con una cifra de negocio superior a los 750 millones de euros, no es más que la evolución del principio de protección de la base de imposición. Así, prevé el derecho de cualquier Estado a ejercitar su potestad tributaria cuando esta no sea ejercitada por la jurisdicción primaria, o bien cuando el pago de impuestos sea nulo o de bajo nivel de tributación efectiva. El mínimo de tributación que establece el Pilar 2 es el 15%.

Queda claro, pues, que las grandes empresas tienen que hacer frente a las nuevas reglas de la fiscalidad internacional, que se han focalizado en dar respuesta a la globalización de la economía y a su digitalización y en alcanzar una tributación de mínimos.

Todo ello sin perjuicio de los avances en las normas tributarias de la UE, alineadas con las de la OCDE, ni de la propia potestad tributaria que cada país ejerce sobre su territorio.

Dicho lo anterior, uno se pregunta si esta armonización y evolución de la fiscalidad internacional afecta a las personas físicas. La respuesta es que, aparentemente, no.

Las personas físicas no están en el foco de esta nueva fiscalidad internacional, que se centra más en las grandes empresas y en su manera de hacer negocios y en cómo deben tributar sus beneficios de forma más equitativa. No obstante, entre otros avances, las reglas de intercambio de información tributaria de forma automática han sido un avance muy importante para la lucha contra el fraude, y ahí sí que han dado de lleno en las personas físicas.

Las personas físicas no están en el foco de esta nueva fiscalidad internacional, que se centra más en las grandes empresas

La realidad es que las personas físicas suelen pagar impuestos allá donde residen fiscalmente, y generalmente lo hacen por todas sus rentas (criterio de renta mundial). Todo ello con independencia de los impuestos a los que puedan hacer frente como no residentes cuando perciben ingresos de jurisdicciones distintas de la de su residencia fiscal.

Unos tributos como no residentes que suelen ser deducibles, en mayor o menor medida, en el país de residencia, para lo cual resulta de gran utilidad la existencia de un convenio para evitar la doble imposición (CDI), así como para determinar una tributación reducida en aquellos casos en los que se otorga potestad tributaria al país de la fuente del ingreso.

En el otro extremo están aquellos países que gravan a sus residentes fiscales únicamente por las rentas generadas en su territorio (sistemas territoriales, como Uruguay). Además, podemos encontrar jurisdicciones que establecen regímenes preferenciales para determinados residentes, basados, por ejemplo, en un cierto nivel de gastos (lump sum, como en Suiza), o que prevén tan solo un importe fijo de tributación (un forfait, como en Italia), o en condiciones ventajosas (régimen de impatriados y, más recientemente, nómadas digitales, como en Portugal o España). Estos regímenes preferenciales convierten la atracción de nuevos residentes en una competencia entre Estados.

En cualquier caso, las reglas de tributación en relación con la residencia fiscal de las personas físicas suelen limitarse a las disposiciones locales y, en caso de conflicto de residencia entre dos o más países, debe valorarse si entre ellos existe o no un CDI en vigor, como norma de fiscalidad internacional fundamental a tener presente. Porque en caso de conflicto de residencia, los CDI suelen establecer como primera regla de desempate el lugar en el que existe una vivienda a disposición.

Las reglas de tributación en relación con la residencia fiscal de las personas físicas suelen limitarse a las disposiciones locales

Así que, si hay CDI y si la existencia de una vivienda a disposición se limita a solo uno de los países en cuestión, todo se debería arreglar en favor del país en el que se dispone de dicha vivienda, sin más repercusiones. La cuestión se torna más compleja cuando no existe CDI entre los países que luchan por atraer la residencia fiscal de la persona física o, de existir CDI, cuando se dispone de vivienda a disposición en ambas jurisdicciones.

En resumen, parece que las empresas, sobre todo las grandes, poco pueden hacer para sortear el nuevo enfoque internacional de la fiscalidad más allá de dar cumplimiento a las normas que las afecten.

En cambio, para las personas físicas siguen –de momento– las puertas abiertas para encontrar un hábitat fiscal más beneficioso si se valora, y es posible, el traslado real y efectivo de la persona y su familia a un nuevo territorio. Y en ese hábitat, también es posible planificar los impuestos a la herencia, algo que no es baladí.

David Bescós
Director de Planificación Patrimonial del Grupo Crèdit Andorrà

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